Pequeños transportistas se querellarán contra quienes fueron los dueños de la empresa constructora CIAL, que quebró el junio del 2018. El abogado que los representa, el ex fiscal anticorrupción Carlos Gajardo, indicó que hay delitos e intentos por ocultar bienes.
El 18 junio del año 2018 la empresa constructora CIAL, propiedad de Alejandro Becker, tras 38 años de funcionamiento se declaró en quiebra y dejó sin trabajo a 1200 personas. 800 empleos eran directos.
Becker dijo en esa oportunidad que no tenía dinero para seguir pagando los sueldos y así dejó de funcionar y varias obras que habían sido licitadas por instituciones públicas quedaron sin terminar. Además adeudaba varios millones de pesos a proveedores y otras empresas contratistas.
Tras una serie de críticas cruzadas entre el empresario y el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno –precisando que no había deuda con la empresa- se hizo cargo de los finiquitos.
Un grupo de transportistas que le prestaba servicios a CIAL decidió unirse y cerca de 50 personas contrataron los servicios del abogado y ex fiscal anti corrupción, Carlos Gajardo.
Después de un año de recopilar información y hacerse parte en el proceso de quiebra el profesional confirmó a UATV NOTICIAS que prontamente se interpondrá una querella criminal. Porque descubrieron delitos y maniobras que intentaron distraer bienes.
La acción legal busca que quienes representaban y eran propietarios de la empresa constructora CIAL enfrenten la justicia y sean condenados. Y que los afectados sean compensados económicamente.
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