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Irregularidades contractuales y no pago de servicios denuncian proveedores de agua en camiones aljibes

El Observatorio Ciudadano reveló retrasos en los pagos debido a contratos trimestrales que se pagan al finalizar el periodo, sumado a la demora de hasta más de 90 días en algunos casos, lo que obliga a los proveedores a recurrir al factoring para sostenerse.

El Observatorio Ciudadano calificó como una situación insostenible la que experimentan proveedores del estado encargados de la distribución de agua potable para el consumo humano a través de camiones aljibes en la Región de la Araucanía, debido al no pago por los servicios que han prestado durante el año, lo que les obliga a recurrir a las abusivas condiciones del factoring para pagar a sus trabajadores y sostener el servicio.

Son alrededor de 160 camiones que abastecen las 32 comunas de la región, concentrados la mayor parte de ellos en la Provincia de Cautín y los restantes 35 en Malleco, en un 80% de ellos operados por micro y medianos emprendedores, que dan empleo a cerca de 1.200 personas de forma directa e indirecta.

“Nosotros no somos grandes empresas, sino personas o familias que no tenemos grandes recursos y que hemos hecho una inversión de gran envergadura tener uno de estos camiones. Para muchos este es nuestro único ingreso y como no nos pagan a tiempo, que hay que pedir factoring para seguir funcionando, pues tenemos igual que para pagar el IVA de lo que igual tenemos facturamos aunque no recibamos pago, pagar a trabajadores, la bencina, la mantención de los camiones, y ellos cobran altos intereses y multas diarias de si te atrasas, por lo que ya estamos al límite de nuestras posibilidades”, señalan uno de estos proveedores.

La última licitación oficial fue publicada el 11/12/2018, con inicio de trabajos desde enero 2019 hasta 31 de marzo 2019, que señalan es otra de las irregularidades del sistema, pues desde entonces los contratos se han ido renovado trimestral mediante consultas de Mercado Público, pero con los mismos recursos asignados el año anterior y sin poder modificar las condiciones de la oferta, de lo contrario pueden quedar fuera de la licitación o ser enviados a una comuna lejana donde los costos aumentan para el proveedor.

Los pagos a los proveedores son a trimestre finalizado, siendo una constante que estos además se atrasen. Este año 2020, estos retrasos fluctúan entre 45 a 70 días, por lo que son varios los que no reciben todavía ningún pago. También se han retrasado en la firma de contrato para el período abril-junio, firmados en varios casos la segunda quincena de mayo, por tanto casi dos meses se ha operado sin un contrato de servicios de por medio. Lo que contrasta con las exigencias legales que se hacen a los proveedores, entre ellas con el certificado F30-1 emanado por la Dirección del Trabajo para presentar sus facturas o de lo contrario no las reciben.

Todo esto ha lleva a estos pequeños y medianos proveedores a incurrir en retrasos con los pagos del IVA, riesgos de caer incumplimiento de compromisos con terceros por créditos, y dificultades para pagar a conductores y ayudantes, por lo que casi la mayoría de ellos ha debido recurrir a las abusivas condiciones del factoring para poder seguir operando.

“Como servicio de suministro de agua potable, llegamos a los lugares más apartados de las comunas de la región de la Araucanía, abasteciendo de agua potable a comunidades indígenas y pobladores de muy escasos recurso con alto grado de vulnerabilidad, asegurando el suministro de agua potable los 365 días del año, con una jornada ‪de 8 a 20 horas‬ de acuerdo a contrato, por lo que hay que tener dobles turnos. Nos piden cumplir con múltiples requisitos, pero incumplen los mismos contratos al no pagarnos, contratos que también se demoran en firmar, hay mucha irregularidad”, agrega el mismo proveedor.

Frente a estas demoras que han sido una constante en los pagos por parte del Estado, cabe recordar el compromiso que hizo el presidente Sebastián Piñera en marzo de este año, con respecto a mantener todos los pagos al día y que el Estado pague a un máximo de 30 días. Asimismo, recordar también el proyecto de ley aprobado recientemente en el Senado que faculta al presidente de la república a garantizar el agua en el contexto de la pandemia.

Otro de los problemas que enfrentan es el congelamiento de los valores de las licitaciones para este servicio, no obstante existen una serie de situaciones que aumentan el costo del servicio, calculando que del 2014 a la fecha, los gastos se han incrementado en promedio un 38%.

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