Parlamentarios, el gobierno y la fiscalía coincidieron en que el conflicto mapuche es de tipo político, pero también indicaron que los delitos deben perseguirse y los responsables de la violencia deben enfrentar la justicia. En el senado hubo una sesión especial de la Comisión de Seguridad y el Ministerio Público confirmó que en el último año las acciones violentas aumentaron en más de un 30% en La Araucanía.
La ola de violencia vinculada al conflicto mapuche, donde incluso se ha producido el enfrentamiento entre grupos de civiles y los atentados y ataques armados son casa vez más graves, ha provocado el pronunciamiento de distintas instituciones y actores sociales. Todos coinciden en que debe haber una solución política, pero también en que la violencia y sus autores no pueden quedar impunes.
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