Dos médicos angolinos fueron formalizados por cuasidelito de homicidio por muerte ocurrida en 2015

Dos médicos angolinos, identificados con las iniciales R.A.R.H. y C.M.G.T.   fueron formalizados el pasado miércoles en el Tribunal de Garantía de Angol, por el delito de cuasidelito de homicidio, luego de la muerte de una persona que ingresó al centro asistencial de Angol el año 2015 y que según las pericias entregadas por el Instituto Médico Legal, habría fallecido por negligencia de los facultativos.

NEGLIGENCIA

El proceso legal fue encabezado por el fiscal adjunto de la Fiscalía de Angol, Carlos Bustos, quien señaló que “los imputados fueron formalizados por el delito de cuasidelito de homicidio, luego que en septiembre del 2015 un paciente, identificado como Richard Medina de 34 años, ingresó grave al servicio de urgencia producto de un accidente de tránsito, siendo recibido por el medico de turno, identificado con las iniciales R.A.P.H. Según el informe del Servicio Médico Legal, éste facultativo no habría realizado una evaluación exhaustiva del paciente ni los exámenes que correspondían para un hecho de tal gravedad. Posteriormente, el sujeto quedó hospitalizado y llega un segundo médico a su turno, identificado con las iniciales C.M.F.T., quien habría cometido la misma negligencia. A la mañana siguiente, el médico cirujano, al ingresar a su turno y tomar conocimiento del paciente, realiza una primera inspección del sujeto, percatándose que éste no se encontraba en buenas condiciones, decidiendo realizar una cirugía inspectiva, a través de la cual se da cuenta que el herido presentaba derrames internos, septicemia y otros inconvenientes que finalmente le provocan la muerte”.

DENUNCIA

Tras el fallecimiento, la familia realiza la denuncia en contra de los facultativos por una clara negligencia, antecedentes que tras un largo análisis por el Servicio Médico Legal, logró establecer que existió descuido de parte de los profesionales, debiendo ser formalizados.

Carlos Bustos señaló que en este caso se incumplieron protocolos básicos de atención y que los imputados arriesgan penas desde 541 días a tres años de presidio.

Los imputados quedaron con la medida cautelar de firma mensual y se fijó un plazo de investigación de seis meses.