Una investigación por la estafa que sufrieron al menos ocho familias de Temuco y Padre Las Casas es llevada por la Fiscalía y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, indagatoria que nace a raíz de una querella por el delito de estafa estampada por Yenny Candia, una podóloga de la capital regional que perdió más de $ 10 millones tras confiar la construcción de su casa en el sector Las Mariposas.
«En enero de 2018 firmamos contrato con la empresa donde se estipulaba que debíamos cancelar la mitad del total de la casa como pago adelantado, tras cancelar más de $ 10 millones estos señores nunca más aparecieron, ya ha pasado más de un año y no hay ningún trabajo hecho», afirmó la afectada a El Austral.
Otra familia, pero de la vecina comuna de Padre Las Casas, también fue víctima de la empresa constructora con idéntico modo de operar: el pago adelantado del 50% de la vivienda ofrecida.
Los abogados Víctor Hugo Sagredo y Javier Carrasco tomaron el caso de Yenny, el que se sumó a otra denuncia hecha por una familia de Osorno y tras cruzar información de Tribunales lograron establecer que otras cinco personas de Chillán habían sido estafadas del mismo modo.
Según afirmó el Sagredo, más allá de presentar una demanda civil por los hechos, lo que se configura en este caso es un delito de estafa «porque existe una maquinación fraudulenta con dolo directo de aparentar la existencia de una constructora ejecutando una puesta en escena, con una oficina, un sitio web y maquetas de las casas que construían».
En tanto, el abogado Javier Carrasco agregó que «lo que hacen en la víctima es producir un engaño de tal magnitud que induce a las personas entregar el dinero por adelantado». Los abogados precisaron que en el caso de Yenny Candia, la mujer pagó a la empresa un total de $ 10 millones 892 mil, «cifra que coincide con las otras estafas que realizaron», aseguró Sagredo.
Una de las afectadas incluso viajó hasta la ciudad de Chillán, donde funcionaba la empresa constructora, para conocer de cerca la operación de la compañía. La causa está radicada en Chillán y las primeras diligencias las realiza la Policía de Investigaciones.
«Luego de que las víctimas entregan el dinero estas personas realizan trabajos menores en los terrenos de las familias afectadas y posteriormente desaparecen; no contestan los llamados y dilatan la devolución de los dineros», detalló el abogado, Javier Carrasco.Los afectados detectaron que en solo un mes la presunta empresa constructora percibió más de $ 42 millones con el mismo modo de operar. «Existe una maquinación fraudulenta con dolo directo de aparentar la existencia de una constructora ejecutando una puesta en escena», acotó Víctor Sagredo.
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