Dr. Francisco Bedecarratz Scholz.
El reciente hackeo a correos del Estado Mayor Conjunto ha puesto de relieve, una vez más, la gravedad de los ciberataques que pueden sufrir las instituciones del Estado. El impacto de este evento en la robustez de la defensa de Chile se suma a la parálisis, ocurrida hace unas semanas, de los sistemas del SERNAC producto de otro ciberataque.
La institucionalidad actual no es capaz de anticiparse y ofrecer soluciones coordinadas frente al número y entidad de ciberamenazas a las que estamos expuestos. Ello se pretende paliar, en cierta medida, a través del actual Proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad, ingresado el 15 de marzo del presente, que propone una nueva gobernanza y sistema de respuesta ante este tipo de incidentes. Sin embargo y durante los últimos meses, el enfoque exclusivo de los actores políticos en la discusión constitucional ha retrasado esta iniciativa legal y pospuesto su necesario avance en el Congreso.
Estos eventos nos recuerdan que el perfeccionamiento de la gobernanza en materia de ciberseguridad debe ser una política de Estado a largo plazo, y que la protección de intereses fundamentales del país debe contar con la urgencia legislativa que nuestra experiencia reciente amerita.
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