En prisión preventiva quedó Susan Alarcón Rubilar, jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de La Araucanía, por la arista del «Caso Manicure» del Caso Convenios. La fiscalía confirmó que recibió pagos de particulares.
Lo anterior después que la fiscalía formalizara una investigación en su contra por los delitos de fraude al fisco reiterado y cohecho, todo en el proceso de evaluaciones técnicas, aprobación y adjudicación de dineros a las fundaciones Folab y Educc, por cursos del área cosmética para microemprendedoras de Temuco y Padre Las Casas, los cuales tenían un presupuesto de más de $700 millones y nunca se concretaron.
El fiscal de alta Carlos Cornejo dijo que la imputada incluso recibió millonarias transferencias desde particulares que tenían relación con dichas fundaciones.
“Está vinculado a una relación que existía entre la funcionaria pública y un particular, ambos concertados justamente para defraudar al Gobierno Regional y donde en definitiva ella recibe una suma superior a los nueve millones de pesos, por efectuar acciones con infracción a sus deberes funcionarios (…) ella intervenía no solamente en acciones que están vinculadas con la postulación y gestión interna de los proyectos que se ingresaban al Gobierno Regional, sino que también con acciones que están vinculadas derechamente con el control financiero de los programas”, precisó el persecutor.
Claudio jara abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es querellante en la causa, recalcando que está en su derecho, señaló que “desde el momento en que se produjo la detención no lo ha hecho, tampoco lo ha hecho en la audiencia, así es que es resorte de ella y su defensa ver si proporcionan más antecedentes en esta investigación, que avizora como de larga data”.
Por su parte, el abogado defensor de la funcionaria, Francisco Ljubetic, manifestó no compartir la tesis del Ministerio Público y la decisión del tribunal, añadiendo que “entendemos de que efectivamente los programas que fueron aprobados y particularmente de las fundaciones Folab y Educc cumplieron con toda la reglamentación, están apegados a la legalidad”.
Por decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, se otorgaron cuatro meses para el desarrollo de las indagatorias.
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