A 12 años de presidio fueron condenados un oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y un enfermero, por el secuestro calificado de un militante socialista durante 1973 en Temuco.
El entonces teniente Leonardo Reyes Herrera y el profesional Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco son los involucrados en el caso de Jorge Eduardo Calderón Otaíza, militante socialista de 28 años cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 1973.
La condena es una resolución del ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, quien además estableció que el delito tiene carácter de lesa humanidad.
Secuestro.
La víctima fue detenida por Carabineros en su vivienda de la comuna de Padre Las Casas, siendo trasladado a la Base Aérea Maquehue, espacio cuyo grupo de inteligencia estaba a cargo de Reyes Herrera.
En su investigación, el ministro Mesa recogió el testimonio de un funcionario de la Fach que era amigo y además mantenía una relación sentimental con una familiar de la vítima, por lo que en ese entonces quiso conocer la condición del detenido.
“Leonardo Reyes Herrera le autorizó a conversar con él, pidiéndole, además a Reyes Herrera, si acaso existía la posibilidad de soltar a su amigo Calderón Otaíza, respondiéndole el teniente Leonardo Reyes Herrera que era su vida o la de Calderón Otaíza, ante lo cual se retiró rápidamente y no consultó nunca más”, consigna el fallo.
Otra declaración –de un segundo funcionario- recoge que pudo ver que dentro del recinto “llevaban sostenido a un hombre ensangrentado, con muchos hematomas en distintas partes de su cuerpo, a quien pudo identificar como Jorge Eduardo Calderón Otaíza, quien estaba convulsionando, momento en el que se abre la puerta de la enfermería y lo recibe el enfermero Ferrada, de quien no está seguro si aún era soldado segundo o ya era empleado civil con rango de oficial, momento desde el cual no supo más de Jorge Eduardo Calderón Otaíza”.
El fallo también hace presente que ningún efectivo de las fuerzas armadas, en especial de la Fuerza Aérea de Chile, ha colaborado con el caso, “manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre los hechos”.
Además de esta resolución, en el ámbito civil se ordenó que el fisco indemnice con $180 millones a la hermana de la víctima, por concepto de daño moral.
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