Denuncian eventuales vejaciones de la fiscalía a imputado por el “Caso Manicure” en La Araucanía

Eventuales vejaciones del Ministerio Público a un imputado por del “Caso Manicure”, que además es ciego, denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en La Araucanía. El caso fue elevado a la Fiscalía Nacional.

Un interrogatorio traumático fue lo que aseguró sufrir un sociólogo de 32 años, quien declaró como imputado en el marco de la investigación que se sigue por los millonarios convenios entre el Gobierno Regional de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc, donde se indagan delitos como fraude al fisco, cohecho, entre otros.

Según el profesional investigado por su vínculo con una de dichas fundaciones, a su domicilio -en octubre del 2023- llegaron tres personas en representación de la fiscalía y la Policía de Investigaciones, para desarrollar diligencias investigativas que habrían terminado con la incautación de equipos tecnológicos de su propiedad. Además, asegura que le habrían hecho firmar a él y a su madre adulta mayor documentos cuyo contenido desconocían.

La denuncia del hombre -reproducida por el INDH en un documento enviado al mismo Ministerio Público- relata que días después se presentó en las oficinas del fiscal de alta complejidad Carlos Cornejo, siendo de acuerdo con su testimonio objeto de una “manipulación psicológica”, ya que le habrían dicho que iría “hacia la cárcel si no digo lo que él quiere escuchar”.

Caso fue elevado a la Fiscalía Nacional.

Desde el ente persecutor en La Araucanía respondieron a las acusaciones por medio de un comunicado público y una vocería, que van en sentido contrario a lo que afirmó el imputado.

Lejos de obligarlo a firmar un documento en el interrogatorio, desde la fiscalía aseguran que “por tratarse de una persona con una discapacidad visual, se le permitió a su madre estar presente, y cuando el imputado pidió que esta se retirara la declaración continuó con la presencia en la sala de un oficial de la PDI”.

Es más, desde el Ministerio Público afirman que “la primera información sobre una posible irregularidad en esa diligencia provino de Susan Alarcón Rubilar, también imputada en la misma investigación y actualmente en prisión preventiva, quien informó de esto durante su declaración judicial ante el tribunal de garantía el 22 de febrero de 2024”.

Con estos antecedentes sobre la mesa, es que la fiscal vocera del ente persecutor en La Araucanía, Nelly Marabolí, dijo que “en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la denuncia presentada por el INDH fue remitida a la Fiscalía Nacional para que sea investigada por un fiscal regional de otra región. Esta situación no afecta en absoluto la investigación por los delitos de corrupción del denominado Caso Convenios, el cual ha tenido bastantes avances en nuestra región”.

Además, se relevó que el fiscal Cornejo incluso integra la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, agregando que se ha priorizado la investigación del Caso Convenios reforzando el equipo a cargo de las indagatorias, para darles mayor celeridad. La denuncia del INDH, por otro lado, no se dirige a un persecutor en particular, sino que es contra quienes puedan resultar responsables.